El Govern de Catalunya ha vuelto a situarse al margen de la legalidad para intentar que la sociedad catalana pueda decidir si quiere seguir formando parte de España o quiere ser una república independiente, como ya lo hiciera con el referéndum del 9 de noviembre de 2014, o con las elecciones autonómicas pretendidamente plebiscitarias de 2015.
En el referéndum ganaron los catalanistas, y en las elecciones consiguieron una mayoría absoluta en el Parlament, aunque esto no se vio reflejado en los votos (47%).
Pese a todo, Catalunya siguió siendo una autonomía de España y la cosa no pasó a mayores, ya que la legalidad española no lo permitía.
Estos intentos de conseguir la independencia estuvieron precedidos por un Estatuto de Autonomía que el presidente Zapatero prometió apoyar, y que ante los recursos de inconstitucionalidad denunciados por el Partido Popular, el Tribunal Constitucional tumbó 14 artículos.
En esta ocasión, el catalanismo ha encontrado en el Gobierno del Partido Popular a su mayor aliado (aunque involuntario), con el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y el Presidente Rajoy a la Cabeza.
El despliegue policial y de Guardias Civiles que organizaron era totalmente prescindible, a tenor de los precedentes existentes. Era totalmente innecesario tratar de impedir la votación (que se produjo de todos modos) a base de represión armada. Bastaba con una nueva sentencia judicial.
Más allá de la reprobable violencia institucional hacia personas que estaban desobedeciendo pacíficamente, la actitud de algunos policías y Guardias Civiles que sobrepasaron sus funciones tampoco ayuda en nada. Basta con ver las imágenes del policía rompiendo los dedos de la mano Marta Torrecillas, quien también ha denunciado tocamientos. Por supuesto, las acusaciones de agresión sexual deben demostrarse, pero no hay que olvidar que siempre se han producido las guerras, y lo de ayer se le parecía.
Empujones escaleras abajo también hemos visto varios, y un policía tomando impulso para hacer el mayor daño posible al chafar a una persona que ya estaba en el suelo.
Hay que denunciar la violencia de los que tiran vayas y piedras a las fuerzas opresoras, pero es todavía peor cuando actúan igual los que tienen que proteger la ley.
Los que responden a los ataques de la llamada ‘violencia legítima’ (la que ejerce el Estado, para no confundirnos), están devolviendo el favor a Rajoy, regalándoles un argumento para que los suyos justifiquen el linchamiento de manifestantes.
También es lamentable que algunos manifestantes oculten su rostro con capuchas pañuelos y gafas, porque los que defienden una causa justa no tienen nada que esconder, a no ser que su objetivo sea generar el caos y quedar indemnes. Pero esa actitud no se produce solo en casos de enfrentamiento, también en manifestaciones que transcurren con normalidad, sobre todo cuando aparecen cámaras de televisión. En España la gente ya se escondió demasiados años por sus principios, como para que lo hagamos nosotros ahora. La clandestinidad se acabó.
También son denunciables los intentos de intimidación por parte de la extrema derecha, acudiendo a manifestaciones y actos en defensa del derecho a decidir. Los que están a favor del derecho a decidir, no debe entrar en su juego para no proporcionarles la foto que buscan, y las contramanifestaciones, contra más alejadas mejor. No tienen necesidad de comportarse como ellos.
Estoy a favor de que los catalanes decidan libremente (lo del 1 de octubre no fue libre) si quieren formar parte de España o no.
Sin embargo, mi deseo es que sigan formando parte de ella, concretamente de una España en forma de república federal.
El deseo de superar la constitución del 78 y la desafección con este régimen, es compartido más allá de Catalunya.
pablogabaldon 